El Gobierno Nacional dictó el DNU 450 en el marco de la ley fundacional Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, por la cual se facultó al PEN a adecuar las Leyes Nros. 15.336 y 24.065. Según sus fundamentos, la ley persigue profundizar y perfeccionar el objetivo común trazado por las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y sus respectivas modificatorias “para la creación e institucionalización de un mercado eléctrico, en la introducción y promoción de la competencia, de la inversión privada de riesgo, la eficiencia económica y eficacia técnica y la incorporación de los mecanismos de mercado en todas las actividades del sector eléctrico, donde ello fuera posible sin menoscabo de la seguridad del abastecimiento, pero con el objetivo de minimizar su costo”. (art 162)
Los objetivos son una réplica de los que ya se plantearon en el régimen general de los noventa y que ha fracasado a todas luces. El régimen de la energía eléctrica está diseñado por una profusa normativa, cuya norma fundamental es la Ley de Reforma del Estado 23.696. Esta norma refundacional de la Argentina tiene como complemento del Decreto de Necesidad y Urgencia 2284/ del año 1991 y la Ley de Emergencia 23.697, que en el sistema de energía eléctrica tiene como reglamentación y cumplimiento de objetivos a la ley 24.065. Norma que le da un giro liberal a la ley 15336 de energía eléctrica. La Ley Bases y el DNU 450 poco modifican el sistema eléctrico. Sus medidas, pretenden consolidar el sistema fracasado, con lo cual poco éxito tendrán.
En contra de la verborrea liberal antiestado de estas normas, su posible beneficio depende de que exista un poder estatal fuerte. Es la contradicción subyacente entre el discurso “libertario anarquista” y la realidad. Nadie va a invertir a propio riesgo, ni organismo le va a financiar obras a particulares, si el Gobierno de Milei es débil y no garantiza desde el Estado, con su poder coactivo y represivo, que se mantengan las reglas jurídicas, institucionales y de control social que hagan sostenible a la economía.
Es difícil poner en duda el fracaso de este modelo de sistema eléctrico. El éxito o fracaso de un modelo de sistema, plan, programa, proyecto, se mide por sus resultados. Todos los indicadores y evidencias con los que se mide la situación del sistema de electricidad, en función de los fines del Estado y de los usuarios destinatarios finales del modelo de sistema, son negativos: No hay mercado de libre oferta y demanda. Las distribuidoras tienen áreas monopólicas. Una sola empresa de transporte. Hay integración vertical de empresas dominantes, lo que está prohibido. No hay riesgo empresario, ya que el Estado ha cubierto con subsidios a cada empresa. No ha habido mantenimiento ni actualización. No hay innovación. No hay transición energética hacia fuentes renovables. En el segmento de la distribución todas las empresas y cooperativas tienen enormes dudas con CAMMESA, que por el DNU 186/2025 se les da un largo plazo para que las cubran, en una estafa a los ciudadanos que pagamos los impuestos, ya que lo que no pagaron las empresas las pagó el estado con nuestros impuestos. Y con esto licúan la deuda y el Estado no recupera lo que subsidió. En el segmento del transporte la propia empresa monopólica Transener admitió en audiencia pública (eliminadas ahora por el DNU 450), que solo hizo el 38% de las inversiones, que casi la mitad de la red eléctrica está al final de su vida útil y la red “pende de un hilo” (SIC). Las generadoras, cartelizadas, se llevaron 100 mil millones de dólares en subsidios del Estado y no generan lo que debieran para dar satisfacción a la demanda. La consecuencia es que los usuarios sufrimos u deficiente servicio, cortes, daños a los electrodomésticos, las fábricas tienen que parar para que alcance para los hogares, los comercios lo mismo, y las facturas llegan con conceptos indebidos que elevan el monto, sin que nadie controle. Los entes reguladores creados para las privatizaciones no controlan ni regulan y están intervenidos con funcionarios que vienen de las empresas que tienen que controlar. Las audiencias públicas son inútiles por no ser vinculantes y no hay acceso a la información para saber los costos dado que la generación es secreta y confidencial. CAMMESA es un organismo parasitario que con ENARSA son intermediarios en los subsidios y sospechosos de corrupción.
Es menester, en beneficio del bien común, determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad del modelo de sistema de energía eléctrico actual a la luz de los objetivos específicos que se plantearon en las normas de implantación del modelo. La evaluación ex post del modelo vigente, que no se realiza, ni siquiera se pone en duda, oscurecidas por las miradas de crisis y emergencia, concluyen en emparchar el modelo. La necesaria evaluación debe proveer información útil y verosímil para la toma decisión de seguir así o transformarlo integralmente.
Es difícil que con las mismas normas levemente “adecuadas”, los mismos actores y la misma ejecución de las leyes, se produzca el cambio trascedente que se tiene que producir en el sistema eléctrico nacional.
DNU 450: Más de lo mismo.
Por Walter Hego para El Informante – Energía, Oil & Gas y Minería
