En virtud del Decreto 49/2026, el PEN declara y va prorrogando la situación de emergencia del Sector Energético Nacional, que como siempre se sanciona por un año, desde 2023, pero que se fue prorrogando, año a año, y ahora es hasta el 2027 (seguridad jurídica cero para los usuarios). Con fundamento en el declarado sector en crisis y emergencia, el Gobierno Nacional, estableció que habrá para febrero 2026 aumentos en luz (3,59% promedio en AMBA) y gas (16,86% promedio nacional), superiores a la inflación. Este sistema de aumentos mensuales, que se anticipan van a ser mayores a la inflación, se suma a la nueva segmentación social que hace el Gobierno Nacional que deja afuera de los subsidios a la deteriorada clase media argentina. Y para los sectores que denomina “vulnerables” la letra chica establece límites al subsidio de acuerdo al consumo, que se traspasa fácilmente en un hogar que utiliza artefactos de confort dignos.
Con esta declaración ininterrumpida de emergencia se elude (Se vulneran) las leyes base de los sistemas de electricidad y gas, que establecen que los aumentos tarifarios se realizan cada cinco años, con previa audiencia pública. Cosa que no sucede desde que estalló 2001 el modelo implementado en los noventa, que hoy continúa. Siguiendo los tumbos de la economía, los distintos gobiernos encontraron los atajos que creyeron oportunos, conveniente y que pasaran inadvertidos en lo posible, para aumentar las tarifas de luz y gas, en cortos períodos y según circunstancias sociales y políticas. Esta realidad de los aumentos de tarifas en cualquier momento y sin fundamentos legales, es de fácil constatación por los usuarios. A
diferencia de otros sectores de la economía donde los ciudadanos no tienen acceso a la información, y que, como dijo Kennedy en 1962, todos somos consumidores, con lo cual sabemos de los aumentos cada vez que leemos la factura de los servicios.
El nuevo sistema, con explicaciones que ponen énfasis en supuestos beneficios para el usuario, que no los tienen, lo que hace en la práctica, es permitir a las empresas distribuidoras de los servicios de electricidad y gas, aumentar las tarifas todos los meses. No cada cinco años. Y sin que nadie opine en audiencia pública.
¿Cuál es le propaganda oficial para las Resoluciones 22 y 23 de la Secretaría de Energía que imponen este nuevo sistema?: Que se implementa un esquema de «aplanamiento» para reducir la volatilidad estacional, ajustando los precios para que cubran una mayor parte del costo real, con el objetivo de lograr una cobertura del 72% en luz y 83% en gas para el año (Objetivo único del nuevo sistema). Y que se evita el salto brusco estacional, que sería el “beneficio” para los usuarios.
La ficción de autonomía provincial en el sector de la energía eléctrica, provocan dos visibles efectos negativos. El primero, que se pierde la accesibilidad a una tarifa justa y razonable uniforme en todo el territorio nacional, ya que este reordenamiento es para la jurisdicción nacional, ya que aplica al AMBA, pero no para las jurisdicciones provinciales. Con pocas chances de modificar en su jurisdicción este sistema, deben decidir si aplican aumentos o no, como lo hace la Nación, o subsidian desde el erario público local. Varias provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, han implementado medidas o mantienen subsidios con recursos propios para mitigar el aumento de las tarifas de luz. Este es el segundo efecto negativo que tiene esta medida, que va en contra el modelo que intenta implementar el
Gobierno Nacional, que es el de bajar también el gasto público en las provincias. Porque los déficits económicos en las provincias terminan repercutiendo en el Gobierno nacional al pedir ayuda financiera, como viene sucediendo ya de manera crónica.
Este sistema de aumentos, impacta de lleno en lo que antes se llamaba con orgullo clase media argentina. Y también en lo que ahora se denomina “sectores vulnerables” de la sociedad nacional, que supuestamente se pretende sea el grupo social menos perjudicado. Esto debido a que el nuevo sistema llamado de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) es tan ineficiente e injusto como el anterior. Baste constatar cual es el porcentaje del pago de gas y luz respecto del ingreso en el hogar en las distintas clases sociales argentinas, que así es como se mide la pobreza energética y la asequibilidad en Europa y los países desarrollados. Ejemplo grosero (pero no tanto) ¿Cuál es el porcentaje de impacto de la factura de electricidad en los ingresos de un trabajador y su esposa que trabajan por el salario mínimo, (348.000 x 2) y cuanto es ese porcentaje en el representante del Estado Nacional en YPF, que gana 45 millones de pesos? En términos sociales de justicia: ¿ Cuantos argentinos están sin trabajo, cuántos por bajo el índice de pobreza, cuántos se financian pagando el mínimo de la tarjeta de crédito como emergente de que sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades y cuántos son los que superan los diez millones de pesos de ingresos para que no les importe el impacto del aumento? Lo dejo a tu criterio, como dijo la famosa modelo aquella vez. La letra chica del nuevo sistema de subsidios, además de los aumentos mensuales, establece que correspondería subsidio a la familia del ejemplo, hasta un límite de consumo: 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, diciembre) y 150 kWh mensuales en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, que fácilmente se supera. Todo excedente paga tarifa plena. Es decir, que el esfuerzo dinerario, y de limitación o deterioro de la calidad de vida al no poder usar los artefactos domésticos para no pagar el alto valor del porcentaje de tarifa plena, lo hacen las clases medias y bajas.
Como dijo un amigo: “Yo quiero que al país le vaya bien”, justificando su vota a Milei. Nosotros opinamos igual, y queremos, deseamos, pretendemos y en eso nos mantenemos firmes haciendo visibles los desvíos, que se cumpla con las promesas de que el ajuste la pague la casta, que la motosierra sea dirigida a los políticos, los periodistas ensobrados, a los corruptos de las empresas de las obras públicas financiadas por el Estado, contra las empresas que recibían opacos subsidios por la generación de electricidad. Lo que se dice opinión libre, independiente, constructiva.
El Informante – Energía, Oil & Gas y Minería
