Segunda etapa. 1946-1989
Una segunda etapa comienza en 1946 que generó, con el Gobierno recién asumido, un proceso industrializador muy fuerte con el impulso del Estado, que necesitaba de un alto consumo de energía eléctrica. Como consecuencia de esa necesidad, que no podía dejarse librado a que “el mercado” decidiera acompañarlo o no, incorporó en el Plan Nacional de Energía, confeccionado en ese año, el mandato de que no debe haber en todo el país sino un solo «suministrador de gas y electricidad»: el Estado. Asimismo, para el suministro de energía eléctrica se establecía el siguiente orden de prioridades: 1) Organismo nacionales, provinciales y municipales, 2) Cooperativas y 3) Sociedades de economía mixta.
El gobierno creó en 1947 un nuevo organismo, Agua y Energía Eléctrica, con el fin aumentar su presencia en este sector a través de nuevas obras en el ámbito nacional. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La unificación de agua y electricidad estaba relacionada con el objeto de explotar mejor diversas fuentes naturales de energía, entre ellas las caídas de agua, que hasta ese momento permanecían desaprovechadas, por la presión ejercida por las compañías existentes que se negaban a este desarrollo porque ellas basaban sus fuentes generadoras en la quema de combustibles fósiles.
El 14 de febrero de 1947 mediante el dictado del Decreto N° 3.967 nacía la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, como fusión de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado y la Dirección General de Irrigación.
Las funciones de Agua y Energía Eléctrica (AyE) fueron enunciadas en el proyecto de Ley: «Estudio, proyecto, construcción y administración de las obras para riego y defensa de los cursos de agua; de las obras para avenamiento y saneamiento de zonas inundables o insalubres; el estudio, proyecto, ejecución y explotación de centrales eléctricas, medios de transmisión, estaciones transformadoras y redes de distribución para la venta de energía eléctrica; compra y venta de energía eléctrica a terceros, sea para sus propias necesidades o a los efectos de su distribución como servicio público, dando la preferencia a los organismos de la Nación, provincias o municipios, a las cooperativas y sociedades de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y los usuarios». Posteriormente se introdujeron pequeñas modificaciones al texto de la Ley y a las funciones anteriores confiadas a AyE se agregó el inventario y evaluación de los recursos de los ríos y otros cursos de agua, sus cuencas y demás fuentes de alimentación utilizables con fines de riego, bebida y aprovechamiento energético.
Agua y Energía Eléctrica debería realizar en todo el país estudios generales de energía hidroeléctrica y térmica, estudios de redes, construcción de 11 centrales térmicas y 45 hidroeléctricas. También para las aguas se consideraba la construcción de 29 embalses, 59 diques, desagües y obras varias. Muchos de estos estudios y planes se ejecutaron muchos años después.
Este Plan Nacional de Energía contemplaba el mantenimiento de la Dirección Nacional de Energía creada en 1943 y la creación de un Consejo Nacional de la Energía. El primer organismo estaba integrado por cuatro profesionales y un presidente y tenía por objetivo principal regular y fiscalizar las actividades públicas y privadas vinculadas al aprovechamiento de los recursos energéticos del país. El segundo organismo estaba integrado por el directorio de la DNE y representantes de todos los Ministerios y de los Bancos Central y de Crédito Industrial con el fin de planificar el racional aprovechamiento de los recursos hídricos y energéticos del país.
Con el fin de lograr una mayor centralización y control, el Gobierno creó en Agosto de 1950 un ente estatal que agrupaba a las cinco empresas energéticas. Se lo denominó Empresas Nacionales de Energía (ENDE) y agrupaba a Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, YPF, Combustibles Sólidos Minerales y Combustibles Vegetales y Derivados. Este ente tuvo especial relevancia debido a que el fuerte proceso industrializador impulsado necesitaba más energía, así como la creciente población que se asentaba en la llamada Costa Industrial Argentina (Buenos Aires, Santa Fe, Rosario).
En 1960 se dicta la ley 15.336 que reúne la experiencia del gobierno justicialista y cumple con el «Pacto» conocido que el Presidente Frondizi había firmado con el ex presidente Perón. El Pacto escrito, por el cual Frondizi ganaría las elecciones de 1958 con el voto peronista, decía en uno de sus puntos: “De asumir el gobierno, el Dr. Arturo Frondizi se compromete a restablecer las conquistas logradas por el pueblo en el orden social, económico y político…”.
Esta norma, que está vigente, ordena y coordina con nivel de legislación nacional al sistema argentino de energía eléctrica, sin bien su abordaje es parcial, incompleto y fragmentario. La norma define que el Despacho Nacional de Cargas (DNC) y la Red Nacional de Interconexión (RNI) estarán en manos de Agua y Energía y reconoce el ámbito provincial en las tareas de distribución y comercialización. En el año 1958 se declaran de jurisdicción nacional los servicios de electricidad interconectados que se prestan en Capital Federal y 28 partidos de la provincia de Buenos Aires y se forma SEGBA S.A (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima). El capital era 80% del Estado Nacional y el resto de las empresas Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires Limited (CEP) y CADE, quienes le fueron transfiriendo sus bienes y llegando para el año 1961 a ser 100% estatal. La CIAE fue nacionalizada e integrada a SEGBA en 1979. En 1967 se crea Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (HIDRONOR S.A.)
En el gobierno De facto autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” por Resolución conjunta del Ministerio de Economía N° 1.332 de 1979 y del Ministerio del Interior N° 9 del ’79, ratificada por el Decreto N° 258 de 1980, se decidió la transferencia de los servicios de distribución de energía eléctrica a cargo de Agua y Energía a las provincias, con la excepción de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro y Mendoza. Proceso que fue terminado en 1992 con la transferencia de los servicios de distribución de energía a las provincias de Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Chubut y Río Negro que habían quedado pendientes desde 1980. En total se transfirieron 11.342 km de líneas.
Por Walter Hego para El Informante – Energía, Oil & Gas y Minería
