La tercera etapa, en la que nos encontramos, está dado por la profusa normativa de los años noventa, cuya norma fundamental es la Ley de Reforma del Estado N° 23.696. Esta norma que fue presentada como refundacional de la Argentina, tiene como complemento el Decreto de Necesidad y Urgencia 2284 del año 1991 y la Ley de Emergencia 23.697, que en el sistema de energía eléctrica tiene como reglamentación y cumplimiento de objetivos a la Ley 24.065.
Esta norma deja claramente expresada su orientación ideológica en su artículo 1°, donde se afirma categóricamente que la generación, transporte y distribución de electricidad deben “…compartir las reglas propias del mercado, será de libre iniciativa y a propio riesgo de quien la ejecute.” Asimismo, se fijan en el artículo 2° como objetivos de la política en el sector, “Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad” y “Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible”.
El ENRE, organismo creado para controlar y regular el sector, en publicación del año 1999, describe que “La sanción y promulgación de la ley de Reforma del Estado y Emergencia Administrativa marcó un hito respecto del papel del Estado en la República Argentina. Se institucionaliza la decisión de que abandone su papel de Estado empresario para asumir el rol de diseñador de políticas, regulador de actividades esenciales, ejerciendo, también, el contralor del desenvolvimiento de las mismas.”
La situación actual del modelo de sistema de energía eléctrica a treinta años de su imposición es de completo fracaso. El éxito o fracaso de un modelo de sistema, plan, programa, proyecto, se mide por sus resultados. Todos los indicadores y evidencias con los que se mide la situación del sistema de electricidad, en función de los fines del Estado y de los usuarios destinatarios finales del modelo de sistema, son negativos.
A tres décadas de puesto en funcionamiento el cambio radical realizado en el sector de la energía eléctrica, integrado a la revolución de las nuevas políticas de los noventa, constituye una obligación realizar una evaluación objetiva y sistemática sobre el modelo de sistema cuya fase de ejecución total ha concluido. La mencionada debe ser realiza por académicos, decisores públicos, y actores del sistema, incluidos los usuarios, destinatarios finales del sistema,
Es menester, en beneficio del bien común, determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad del modelo de sistema de energía eléctrico actual a la luz de los objetivos específicos que se plantearon en las normas de implantación del modelo en aquellos años. La evaluación ex post del modelo vigente, que no se realiza, ni siquiera se pone en duda, oscurecidas por miradas de crisis y emergencia, que concluyen en emparchar el modelo, esta evaluación debe proveer información útil y verosímil para la toma decisión de seguir así o transformarlo integralmente.
El Fracaso del modelo actual
Fracaso económico: El modelo diseñado y puesto en funcionamiento en la década del noventa, precisamente en 1992 con la sanción de la Ley n° 24.065, se encuentra en la actualidad con las empresas de generación, transporte y distribución con enormes pérdidas económicas, mientras el Estado Nacional subsidia a las empresas generadoras, causando un drenaje de enorme magnitud de fondos del Presupuesto Nacional. Nótese que en el año 2020 se destinaron a subsidiar el sistema 7 mil millones de dólares. En este año 2022 la cifra pasa a 11 mil millones de dólares por el aumento del precio del gas como consecuencia de la guerra Ucrania-Rusia. Para realizar una comparación téngase en cuenta que SEGBA fue vendida en mil cuatrocientos millones de dólares cuando se privatizó.
La integración vertical de las empresas generadoras oligopolizadas que se sostienen con el opaco sistema de subsidio estatal, agregan otra desvirtuación negativa del sistema.
Asimismo existe una asimetría del monto de la factura entre usuarios según ubicación geográfica de residencia, con diferencias de tarifa que hacen inequitativo todo el sistema, con perjuicio de los usuarios que están fuera de la jurisdicción nacional.
Fracaso social: Los subsidios del Estado Nacional son de tal magnitud que distrae un porcentaje del Presupuesto Nacional muy alto, impidiendo usarlos para asistir a los objetivos centrales de Gobierno, en momentos en que amplios sectores de la población necesitan asistencia estatal. Profundizada por la pandemia de COVID-19. Situación que se agrava en 2016 debido a que se produjo un aumento de la tarifa eléctrica de 3500% o más según área, cuyo objetivo era eliminar los subsidios, impactando de forma abrupta sobre el bolsillo de los hogares, industria y comercio. Con mayor porcentaje en los sectores de menores ingresos. La tarifa social, que achica el monto de la factura, es igualmente alta en relación a los ingresos. La pandemia de COVID agravó el marco general, con desempleo y baja de los ingresos personales. La tarifa se mantuvo igual, solamente se impidió el corte del suministro a sectores vulnerables. La suspensión de cortes dio continuidad al servicio, pero generó deudas que igualmente deben pagarse.
Como las empresas no tienen rentabilidad, en el caso de las provinciales y cooperativas, o la tienen a fuerza de no realizar las inversiones comprometidas, no hacen extensión de la red a los nuevos barrios, que han sido creados por los municipios para dar solución al déficit habitacional, para sectores de bajos ingresos. Se impide así el acceso universal a la electricidad segura. Cuando lleva la electricidad lo pone a la entrada, sin medidor para que pague el municipio, con montos estimados. Son los propios vecinos que hacen instalaciones, de manera precaria, lo que pone peligro la vida de los habitantes del lugar.
Fracaso ambiental: El modelo no contempla el necesario fomento de la energía renovable y las fuentes de generación energética sigue basándose en los combustibles fósiles. Dos tercios de la electricidad argentina sigue siendo generada por combustibles fósiles (64%), y lo que se considera renovable, está la hidráulica, que tiene algunos impactos ambientales negativos. La cuota de energía eólica y solar (13 %). Entre 2015 y 2020, la generación a partir de combustibles fósiles en Argentina se redujo apenas un 3 %. Hubo cambios en los combustibles individuales. El petróleo en particular cayó un 85 % desde el año 2015, pero fue reemplazado por gas en gran medida. El gas suministró el 64% de la electricidad de Argentina en el año 2020, un incremento respecto al 51% en el año 2015.
El Gobierno Nacional asumido en diciembre de 2023, ha puesto en práctica una política pública de neto corte liberal, con efectivo cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, el colapso del sistema de la energía eléctrica no ha podido solucionarse. Se han anunciado medidas que no resuelven el problema, como el Decreto 186/2025, por el cual se autoriza a CAMMESA a negociar las enormes deudas de las distribuidoras de electricidad. Norma similar a la implementada por los Gobiernos del año 2017 y 2019, sin éxito alguno, por lo cual, ha de esperarse el mismo resultado.
Se impone una revisión integral del sistema de la energía eléctrica.
Por Walter Hego para El Informante – Energía, Oil & Gas y Minería
