El Gobierno Nacional reglamentó el 24 de abril, mediante la Disposición 1 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Decreto 186/2025 denominado Régimen Especial de Regularización de Obligaciones del MEM . En la norma se fija un plazo para que las distribuidoras de electricidad del país para que acuerden con su acreedor CAMMESA el pago de los 1.041.413 millones de pesos a noviembre de 2024. Como ya hemos analizado en El Informante – Energía Oil & Gas y Minería, el Decreto 186/25 facultó a CAMMESA a realizar acuerdos con las distribuidoras para que estas cancelen sus deudas en 72 cuotas mensuales, con el 50% de interés del habitual de la entidad y con doce meses de gracia. A diferencia de los intentos anteriores de 2017 y 2019, no se autoriza a quitas, condonaciones o plantear como condición aumentos futuros de tarifa. Asimismo obliga a pagar la totalidad de la factura actual de CAMMESA, cosa que muchas empresas no están haciendo. De hecho se financian no pagando la totalidad de lo que debería, es decir, que lo pagamos los usuarios con aumentos de tarifa y pagando los impuestos con los cuales el Estado subsidia el sistema.
Es permisible acá recordar que estamos en un contexto de emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, decretado en diciembre de 2023 y que finaliza el 9 de julio de 2025. Cabría suponer que para esa fecha el sistema de energía eléctrica estaría saneado en lo económico.
En el complejo sistema federal y el confuso sistema implementado por la ley 24.065 la generación siempre es federal y la distribución federal tiene como órbita competencial el AMBA, con EDESUR y EDENOR, siendo el resto jurisdicción provincial. La empresa que comercializa la electricidad es CAMMESA, aunque es un organismo mixto público privado, es de jurisdicción federal, por lo que la normativa alcanza a sus deudores, que son de jurisdicción provincial.
En este marco se dictó la Disposición 1 referenciada, que aprueba y reglamenta el Régimen Especial de Regularización de Obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para las deudas mantenidas con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Sociedad Anónima (CAMMESA) ya sean por consumos de energía, potencia e intereses.
La norma establece con claridad lo siguiente:
1.- Que las distribuidoras que quieran adherir deben hacerlo en quince días desde el 24 de abril y el acuerdo debe estar concluido en un plazo de 60 días, es decir, el 24 de junio.
2.- Que en todos los casos en que se registre mora de un agente distribuidor en la facturación corriente o en una cuota correspondiente tanto al Régimen aquí establecido como a los regímenes anteriores, CAMMESA intimará a la Distribuidora, y habiendo transcurrido treinta días desde la notificación cursada; CAMMESA automáticamente procederá a dejar sin efecto el plan de pagos que se suscriba en el marco del Régimen aprobado por la presente medida, como así también los suscriptos con anterioridad en otros regímenes, aplicando en este supuesto todos los intereses y penalidades que correspondan según los procedimientos vigentes. En criollo: No pagaste una cuota, se cae todo y a ejecución judicial.
3.-Un alto porcentaje de las distribuidoras, y ya explicitado por las distintas federaciones de cooperativas de la provincia de Buenos Aires en sus reuniones ordinarias, no pueden cumplir con todos estos requisitos. De hecho no pueden pagar la totalidad en la actualidad la totalidad de la factura corriente de la compra a CAMMESA. Menos pueden agregar a lo que ya no pueden cubrir una cuota más. Es por ello que enviaron nota pidiendo al Gobernador de la provincia de Buenos Aires que aumente el VAD, es decir, un aumento de tarifa, que les permitiría cumplir con el acuerdo. La Pcia ya aumentó para los meses a partir de mayo en un 2,4% la tarifa de luz, con lo cual este porcentaje no les alcanza dada la enorme deuda que poseen las cooperativas distribuidoras. En lo jurídico institucional esta demanda la hizo Coopelectric de Olavarría al OCEBA, aduciendo que su deuda es producto de la baja tarifa fijada por el organismo regulador y que la aumenta o pague la deuda. Cosa que fue rechaza de plano por el OCEBA. Por ahí, no es.
4.- La deuda la fija CAMMESA, sin debate con las distribuidoras. Hay casos, como el de Coopelectric de Olavarría, que en un desaguisado de grave consecuencia jurídica, como no estaban de acuerdo con la deuda fijada con CAMMESA, no la incluyeron en el balance. ¡Que les dio ganancias! Cuando deben 20 mil millones por la compra de electricidad. Advertencia a los muchachos: No es un toma y daca político. Hay responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de funcionario público para los de CAMMESA, Un error y Milei los eyecta, como ha hecho con los 140 funcionarios que no estaban alineados como corresponde. Nuevos tiempos.
5.- Establece el plazo de sesenta días corridos para la suscripción los Acuerdos en el marco del Régimen, que finaliza el 24 de junio de 2025.
6.- Otra condición para el perfeccionamiento del acuerdo es que deben presentar y cumplir con un plan de inversiones en obras para el mejoramiento del sistema con el fin de aumentar su eficiencia y confiabilidad. ¡Olvidate! Como dicen en mi barrio, si apenas pueden las cooperativas de las Pcias pagar sueldos, seguir endeudándose con CAMMESA y rezar para que no colapse la red, más de lo que ya está de destruida y sin mantenimiento ni actualización.
Comentario epilogal:
Es la hora de la verdad. Que tiene en sí mismo un gran desafío para las empresas y el Gobierno Nacional. Las distribuidoras deben rediseñar sus estrategias para poder afrontar el pago del acuerdo con CAMMESA, si es que pueden entrar y cumplir. Cooperativas que se metieron en otros negocios ajenos a la electricidad, deben realizar ajuste de gastos, reducción de personal, dejar de dar prebendas políticas, cobrar a todos los usuarios, terminar con los “colgados”, entrar en la ley de Procedimiento de crisis”, etc. Lo cual es terminar con la fiesta de la casta política que está en la mayoría de las cooperativas de las Provincias, medrando algún beneficio particular.
Para el Gobierno Nacional el desafío es mantener lo sancionado y mantener con firmeza su ejecución. Muchas empresas distribuidoras no podrán cumplir con lo acordado. ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Intervenirlas? Y si las ejecuta, ¿Cómo se brinda el servicio? ¿Se vuelve a concesionar el servicio en reemplazo de la empresa quebrada? ¿Hay empresas dispuestas a encarar este complejo entramado de normas con una regulación inconveniente?
Siempre está el riesgo de los dos antecedentes que implementaron este sistema de regularización de deudas, con Macri en el 2017 y con Fernández en el 2019 que les sirvió a unos y a otros no, es decir, que actuaron como parches, cambiando algo para que no cambie nada.
Un gran desafío, que como quiere implementarse, sin una transformación integral del sistema de la energía eléctrica, nosotros vemos como de difícil cumplimiento.
Por Walter Hego para El Informante – Energía, Oil & Gas y Minería
